Constatar que el proceso de contratación se apegue a los requisitos establecidos en la normativa así como en las bases de la licitación respectiva, a fin de ser oportunos y con el fin de asegurar las mejores condiciones para la administración pública, en cuanto a criterios de eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad y transparencia en la recepción de las propuestas.